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sta semana será clave para la sanción del proyecto de ley de telecomunicaciones que el Gobierno envió al Senado para su tratamiento bajo el nombre de “Argentina Digital”.
Tras haber obtenido dictamen de comisión, ahora el oficialismo, con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a la cabeza, plantea impulsar su tratamiento el miércoles en la Cámara Alta, donde tras ser debatido y aprobado, sería debatido en Diputados el 10 de diciembre, para ser convertido en ley ese mismo día. Fecha que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner programa un evento masivo en la Plaza de Mayo para despedir el año.
La iniciativa, que tiene 73 artículos, fue modificada en las comisiones donde se trató, y se limitaron algunos de los artículos que afectaban a las operadoras telefónicas. De todos modos, tanto estas empresas como las proveedoras de televisión por cable salieron a cuestionar y rechazar el proyecto de ley.
Apoyo del PJ Digital
Por su parte, la agrupación PJD (PJ Digital Nacional), luego de analizar el proyecto y junto a referentes de la industria y distintos espacios y comunidades TIC, expresaron su total apoyo a la Ley Digital Argentina.
Según el comunicado que difundieron, consideran la nueva Ley de Telecomunicaciones de la Argentina denominada Argentina Digital como un hito fundante de un nuevo proyecto de desarrollo de las tecnologías de nuestro país. “Este proyecto redefine las relaciones de poder entre los actores que hoy venían dominando el ámbito de las redes e incluye a la ciudadanía con un derecho de última generación; la declaración del acceso a internet como servició público esencial y estratégico”, destacaron.
Y continuaron afirmando: “Esta norma pondrá en valor lo que significa hoy el acceso a las tecnologías como paso fundamental para el desarrollo de un país y garantiza que el mismo se despliegue desde una visión de soberanía tecnológica y un horizonte de producción en la sociedad del conocimiento; generando más acceso se genera mejor competitividad y se igualan las posibilidades de crecimiento”, expresa el comunicado, agregando: “Incorpora así mismo la dimensión del acceso territorial, permitiendo a actores locales hacer uso de la red obligando a quienes hasta hoy la monopolizaban a abrir sus tendidos permitiendo la generación de nuevas empresas y emprendimientos que fomentan el uso de la misma como herramienta de inclusión federal; sin restricciones de tarifas o negociaciones asimétricas”.
Renovación y modernización
Según el PJ Digital, este proyecto “permite acomodar el timón y ser sinérgico con la aparición de nuevas herramientas multiplataforma, multiformato y achica las distancias entre quienes puedan trabajar y colaborar compartiendo el conocimiento; transformando a la red en un potente motor productivo. Permite la convergencia real de tecnologías (y las adecua a la realidad actual) permitiendo las empresas brindar mismo tiempo servicios de telefonía, Internet y servicios de cable”.
Además, indican que “genera una herramienta de control de la calidad de servicio dando garantía de acceso a velocidades de banda ancha a partir una velocidad mínima obligatoria”.
Por otro lado, el mismo comunicado destaca que: “A diferencia de la histórica duopolización de la red en nuestro país el proyecto fomenta la inversión en un ecosistema que redundará en el bien común obligando a generar una arquitectura abierta de las redes que favorece la interconexión e interoperabilidad del sistema y rompe barreras propietarias en su uso. Este avance se incorpora a las políticas públicas desarrolladas desde el año 2003 que modificaron la matriz tecnológica de nuestro país; combinando el acceso a los medios; con más de cuatro millones de computadoras distribuidas en el país, extendiendo federalmente la inversión con más de 20000 kmts. en la Red Federal de Fibra Aptica; ahora permitirá hacer crecer esta red interconectando sectores públicos y privados, acordando entre estos las mejores prácticas para otorgarle a cada ciudadano el acceso universal de ultima milla.
Finalizando: “Es por esto y las implicancias y beneficios directos que esta Ley tendrá sobre la sociedad que, los trabajadores Tecnológicos, Académicos, funcionarios, empresarios, profesionales, estudiantes, militantes políticos y sociales que conformamos este espacio apoyamos decididamente esta iniciativa”.
Afirman que abrirá redes y reducirá asimetrías entre proveedores
El ingeniero Ariel Garbarz, investigador de las universidades UTN y UBA, desmintió que el proyecto de telecomunicaciones ponga en desventaja a pymes y cooperativas al considerar que la norma permitirá resolver asimetrías del mercado.
“No es cierto para nada que (el proyecto) pone en desventaja a pymes y cooperativas, eso es no leer o tener una posición intencionada porque Argentina Digital abre las redes” Consultado sobre las versiones que advierten sobre posibles ventajas de las compañías telefónicas una vez sancionada la ley, Garbarz consideró que “el grande se come a los chicos en condiciones de mercado monopólico”. En ese sentido, subrayó que la norma constituye “una decisión política para resolver la asimetría”.
“Uno de los principales problemas con las cooperativas es que pagan muy caro, porque les tienen que pagar a Telefónica o a Telecom precios abusivos por el servicio de ancho de banda e internet, hasta 100 veces lo que pagan los grandes”, detalló.
Al respecto, indicó que el precio de un megabyte en el mercado mayorista puede alcanzar 2000 dólares, mientras que “en las grandes urbes se paga 20 dólares”. “Les ponen esos precios abusivos para ahorcarlas”, señaló.
Bajo los nuevos parámetros, cerca de 350 pymes y cooperativas tendrán la obligación de abrir sus redes de cable a grandes compañías. A su vez, afirma Garbarz, los grandes también deberán abrirse.
Pequeñas empresas
En su opinión, esa decisión representa “que el Estado les abra la compuerta” a las pequeñas empresas para “llegar a miles de usuarios con los mismos equipos”.
“No necesitan hacer grandes inversiones, lo que necesitan es que el Estado les abra la compuerta”, añadió.
Además, precisó que las redes de telefonía fija fueron adquiridas por las empresas “en condiciones de monopolio”, lo que eventualmente permitiría al Estado aplicar una jurisprudencia según la cual las redes obtenidas en base a rentes monopólicas “pasarían a ser propiedad del Estado nacional”.
Por otro lado, expresó que “están equivocados” quienes piensan que el grupo Clarín se verá favorecido por la nueva ley. Si bien “las empresas que prestan servicios satelitales quedan exceptuadas del derecho de prestar telefonía (DirectTV, Telefónica y Telecom)”, también se establece que las condiciones de la ley son “independientes del tipo de tecnología que utilicen”. Según el especialista, esto impediría a empresas del grupo proveer el servicio de telefonía.
Garbarz consideró que la ley es “brillante y revolucionaria” porque “convierte a las telecomunicaciones en un derecho humano”. “Que yo esté en un pequeño pueblo con un pequeño transmisor no me va impedir que llegue al resto de los argentinos”, concluyó.
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